Mes: julio 2015

Regulación sobre “Drones” (VANT) de ANAC y Disposición de la PDP – Argentina

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drones

La ANAC, Administración Nacional de Aviación Civil, ha establecido mediante Resolución 527/2015 del mes de julio de 2015 el “Reglamento Provisional de los Vehículos Aéreos No Tripulados”.

Lo primero a destacar, como surge del nombre mismo de la Resolución, es su calidad de “provisional”. Todo parece quedar a la espera de criterios que próximamemente se adoptarán a nivel internacional (por la OACI) y, supuestamente, a mejoras en la seguridad de la frecuencia en que estos dispositivos operan. Esa mayor estabilidad y seguridad en el futuro, en principio, debería permitir flexibilizar la normativa.

La persona de a pié, como dirían los españoles, prestará mayor atención a las definiciones particulares que se establecen en el Artículo 1° de la Resolución. Allí se define qué se entiende por uso “recreativo y deportivo” y que dicho uso no requerirá de autorización de ANAC (esto último según en el Art. 5°).

Hasta aquí todo parece tener bastante sentido ya que los drones, en sintonía con lo que ocurre en otros países, han empezado a comercializarse masivamente y se obseva su “invasión” en calles, plazas y eventos de todo tipo. Para algunos el sentido común radica en que sería imposible prohibir estas actividades o someterlas a burocráticas autorizaciones.

El problema, para los amantes de estos dispositivos, y tambíen para la industria, es que en el Art. 1° del Reglamento se establece que no se considera uso recreativo o deportivo el uso de estos vehículos para:

1) la fotografía o filmación no consentida de terceros o de sus bienes o pertenencias;
2) la observación, intromisión o molestia en la vida y actividades de terceros;

3) la realización de actividades semejantes al trabajo aéreo.

Teniendo presente que los drones, en su gran mayoría, cuentan con sensores capaces de recolectar información personal (de esto ya se encargó oportunamente la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (PDP), mediante Disposición 20/2015) no se puede pensar en muchas situaciones en las que el uso no quede alcanzado por esas amplias categorías que ANAC ha establecido.

Ello traerá aparejado consecuencias que hacen inviable el uso de los drones por la persona de a pié: 1- la necesidad de contar con autorización de ANAC; 2- la necesidad de contratar un seguro; 3- contar con un manual de operaciones y un sistema de gestión de riesgos; 4 – tomar medidas adecuadas para la protección contra actos de interferencia ilícita; 5- necesidad de inscribirse en un registro especial (art. 30); 6- llevar una placa de identificación inalterable fijada a su estructura (art. 31), entre otras.

 Ante todo esto pasa a un segundo plano los requisitos que se establecen en el Capitulo III de la Resolución en lo que se define como el “Régimen de los VANT pequeños con fines recreativos o deportivos”. Para los pocos casos que no queden comprendidos en los párrafos anteriores aplicará que quien tripule el dron pueda tener 16 años, bajo supervisión directa de un mayor y que los drones deberán estar a más de 30 metros, en la horizontal, y 10 metros, en la vertical, respecto de terceras personas.

La PDP previamente había establecido una serie de excepciones al necesario consentimiento que la Ley de Protección de Datos Personales establece como principio general en su artículo 5°. Siendo el organismo competente en dicha materia, y de aplicarse los criterios de su Disposición 20/2015, se abriría una puerta para que los “VANT pequeños con fines recreativos o deportivos” no queden como una categoría sin contenido y pueda aplicarse en la práctica el Capítulo III de la Resolución 527/2015 de ANAC.
En todo caso, aún con el visto bueno de la PDP, aquel que por ejemplo quiera filmar la Avenida 9 de Julio deberá esperar a ocasiones muy particulares para lograr que no haya terceras personas a menos de 30 metros o correr con los riesgos de incumplir la Resolución.
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La realidad es que los drones, por su inestabilidad en la frecuencia, particularmente en Argentina, ponen en riesgo la seguridad de las personas. Ello es lo que ha primado en la ANAC al momento de regularlo y lo que seguramente necesite de mucho trabajo de concientización para que pueda ser cumplido e incorporado por los amantes de los drones.
Luciano Gandolla
@luchogandolla
Abogado

España – El derecho al olvido y las publicaciones de organismos públicos.

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By Fran

En las últimas fechas se ha conocido una nueva solicitud a Google relacionada con el derecho al olvido en Internet. La particularidad de esta petición es que los tres enlaces que se querían bloquear habían sido publicados por instituciones oficiales en los boletines oficiales de Zamora y Valladolid.

Derecho al olvido: publicaciones de organismos gubernamentales

Un ciudadano español decidió recurrir a la norma derivada de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en el “caso Costeja” para tratar de suprimir tres enlaces que aparecían en las páginas de resultados de Google asociados a su nombre. Uno de estos enlaces hacía referencia a información sobre su proceso de divorcio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora en 2004 y los otros dos enlaces tenían relación con la citación y absolución de este ciudadano en dos juicios de faltas publicados ambos en el Boletín Oficial de Valladolid en el año2007.

BOE vs derecho al olvido

El afectado por estas publicaciones se dirigió directamente a Google solicitando la supresión de estos enlaces al considerar que suponían un perjuicio para su intimidad pero su solicitud fue denegada por los administradores del motor de búsqueda. Los argumentos esgrimidos para rechazar la solicitud se basan en que son informaciones publicadas por entes gubernamentales. La fuente de publicación de la información es uno de los factores considerados por Google para evaluar una solicitud y en este caso en particular fue rechazada “al considerar que la información ha sido publicada por un órgano o agencia de Gobierno y posee interés público”.

Tras esta negativa, el ciudadano se dirigió a la Agencia Española de Protección de datos solicitando la tutela de sus derechos. La AEPD, siguiendo las directrices marcadas por el GT29 en todas las cuestiones referentes al derecho al olvido en Internet, considera que Google (así como los gestores del resto de motores de búsqueda) es responsable del tratamiento de los datos e informaciones personales de sus páginas de resultados.

Pero Google mantuvo su misma argumentación durante todo el proceso alegando que estos enlaces hacen referencia a “tres edictos que fueron publicados conforme a la normativa aplicable en las sedes digitales [boletines oficiales de Zamora y Valladolid] por lo que considera que existe relevancia pública” y, por tanto, no procedía aplicar esta normativa europea.

Cada solicitud recibida por este buscador es evaluada de manera individual y en el proceso se tienen en cuenta varios factores como son la fuente que publica la información y el posible rol público desempeñado por el solicitante. En este caso concreto, Google considera que al ser organismos oficiales los responsables de la publicación, el carácter de interés público y general de la misma es preponderante sobre la posible injerencia en la intimidad del afectado.

Resolución final del caso

Finalmente, y tras la negativa del motor de búsqueda para retirar los enlaces solicitados de sus páginas de resultados, fueron las propias Diputaciones de Zamora y Valladolid las que accedieron a retirar los enlaces en los que aparecía el nombre del solicitante.

Este caso no es el primero que trasciende sobre una información publicada en un Boletín Oficial. A finales de año, la AEPD publicó una resolución sobre un caso -también rechazado- sobre la publicación de un indulto en el BOE (puedes leer la información aquí). En aquella ocasión, la motivación para desestimar la solicitud fue diferente ya que Google hizo referencia a que se trataba de una información aún vigente.

En cualquier caso, este nuevo ejemplo ilustra la gran complejidad asociada a la aplicación del derecho al olvido.

Fuente: http://www.derechoolvido.es/el-derecho-al-olvido-y-las-publicaciones-de-organismos-publicos/

Salta – Media sanción a la adhesión a la ley para protección de datos

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El diputado Guillermo Martinelli se manifestó sobre la acción de Hábeas Data.

Rusia relaja su propuesta de derecho al olvido.

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Las críticas a la norma por ser demasiado restrictiva llevan a los legisladores a aprobar un segundo borrador que se acerca más a la ley europea.

A principios de mes se supo que Rusia trabaja en nuevo reglamento sobre elderecho al olvido basado en el modelo aprobado por la UE.

El proyecto de ley ha recibido numerosas críticas por parte de los propios motores de búsqueda, los políticos de la oposición y algunos ciudadanos, que han tachado la norma de demasiado restrictiva, tal y como recoge The Wall Street Journal.

El reglamento permitía que los usuarios denunciaran información perjudicial para su persona sin ni siquiera especificar los enlaces, dando al derecho al olvido un alcance mucho mayor que sus homólogos europeos.

De esta forma, los motores de búsqueda tendrían que encontrar todos los enlaces con referencias a esa información, determinar si son perjudiciales y decidir eliminarlos o no.

No está claro si la presión de las propias compañías de internet o las quejas populares han llevado a los legisladores rusos a relajar los requisitos y proponer una segunda versión del proyecto de ley con varias enmiendas que se asemejan más a la versión de la UE.

El nuevo borrador exige ahora a los usuarios proporcionar enlaces específicos a la información que desean borrar y elimina la responsabilidad de los buscadores de demostrar que la información es inexacta o ilegal.

Fuente: http://www.siliconnews.es/2015/07/01/rusia-relaja-su-propuesta-de-derecho-al-olvido/

No habrá ‘derecho al olvido’ en Colombia

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La Corte Constitucional falló una tutela sobre la tensión entre libertad de expresión e intimidad que será central en el futuro de Internet en Colombia.

Por: Carolina Botero Cabrera

La tutela buscaba que El Tiempo eliminara una noticia de su versión digital, que vinculaba a una ciudadana con un delito que nunca se le probó porque hubo prescripción. Además, pedía que fuera retirada de la indexación que hacen buscadores – especialmente Google -, ya que la permanencia de la nota en Internet estaba afectando su buen nombre y su capacidad para conseguir trabajo.

La Corte le ordenó a El Tiempo adoptar medidas tecnológicas para evitar la indexación por los buscadores y limitar el acceso a la noticia. Además, deberá actualizar la información ya publicada. De esta nueva sentencia (T-277/15) resalto, además de su importancia para salvaguardar Internet como herramienta central para la libertad de expresión, los siguientes aspectos:

1. Análisis de tensión de derechos en Internet.
2. Consideración del principio de neutralidad de la red.
3. Exoneración de responsabilidad del intermediario (Google) por la posible lesión a derechos fundamentales por generadores de contenido (recuerda sentencia T-040/13).
4. Aplicación del test tripartita de libertad de expresión en la relación de la noticia y sus efectos negativos con la actividad de El Tiempo y con la del buscador Google, concluyendo que la forma de mitigar los efectos negativos establecidos por quien tutela recaen sobre El Tiempo.

Vale aclarar que la limitación se aplica solo a casos penales y siempre que la información sea accesible permanentemente. No aplica cuando se trata de personajes con notoriedad pública o funcionarios públicos. Tampoco cuando los hechos se refieran a delitos de lesa humanidad o a violación a DDHH, pues forman parte de procesos de construcción de memoria colectiva y exceden el interés personal.

Tecnológicamente, la sentencia plantea un reto en el diseño de las páginas web de los medios para que consideren e implementen modelos de “privacidad por diseño“. Un proceso costoso y largo pero que puede verse como una oportunidad para construir un Internet más seguro y respetuoso de los derechos humanos.

Fuente: http://www.elespectador.com/opinion/no-habra-derecho-al-olvido-colombia