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Italia se suma a países con carta de derechos en Internet

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Evolución de los usuarios de Internet en América Latina, país por país, entre 2006 y 2013. Crédito: Cepal

Evolución de los usuarios de Internet en América Latina, país por país, entre 2006 y 2013. Crédito: Cepal

ROMA, 7 sep 2015 (IPS) – Italia finalmente se unió al club restringido de países que eligieron la vía legislativa para regular Internet, o que por lo menos dieron un paso significativo en esa dirección, al adoptar la Declaración de Derechos en Internet.

Ahora se prepara para presentar la declaración en el Internet Governance Forum (Foro para la Gobernanza en Internet), que se realizará en noviembre en João Pessoa, Brasil.

El proceso de redacción demoró más de un año, bastante rápido para los estándares burocráticos habituales de este país y, de hecho, sorprendió a algunos analistas que haya visto la luz pues, según dicen, representa el retraso de Italia en materia de infraestructura digital.

Algunos medios de comunicación progresistas italianos elogiaron la declaración porque consideran que tiene un “significado histórico” dada la visibilidad y el prestigio que le dará a Italia en cuestiones de gobernanza a escala global.

A diferencia de otros países, donde las propuestas de declaraciones o cartas de derechos fueron promovidas principalmente por académicos, asociaciones, coaliciones dinámicas, empresas o diversos actores, los promotores de la declaración italiana remarcaron que el proceso de redacción se caracterizó por una “relación de pares entre instituciones y ciudadanos, por lo que toda la construcción se volvió horizontal”.

De hecho, la declaración es el resultado de un proceso complejo y abierto con múltiples actores, que terminó con la participación directa de la ciudadanía italiana mediante una consulta pública que duró cuatro meses en Internet.

Entre sus impulsores destacan Laura Boldrini, presidenta de la Cámara de Diputados y exportavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), y Stefano Rodotà, jurista y dirigente que desde hace tiempo aboga por una Carta Magna para la sociedad de redes, y quien encabezó el comité de expertos que redactó el documento.

Al explicar su contenido, Rodotá dijo que a diferencia de otras iniciativas similares, la Declaración italiana: “no contiene términos detallados y específicos de los diferentes principios y derechos ya establecidos en documentos internacionales y constituciones nacionales”.

En cambio, pretende “identificar los derechos y los principios específicos del mundo digital subrayando no solo sus peculiaridades, sino la forma en que suelen contribuir a la redefinición de toda la esfera de derechos”.

La declaración cubre un abanico de temas, desde “el derecho fundamental al acceso a Internet” y la neutralidad de la red hasta la noción de “autodeterminación informativa”.

También incluye disposiciones respecto de la seguridad, la integridad y la inviolabilidad de los dominios y sistemas informáticos, el control masivo, el derecho al anonimato y el desarrollo de la identidad digital. También trata con la muy controvertida idea de otorgar a los ciudadanos en línea el “derecho al olvido”.

La declaración pone en entredicho la opacidad de los términos del servicio concebido por los operadores de plataformas digitales, a los que se les “exige comportarse con honestidad y de forma justa” y, por encima de todo, otorgar “información clave y simple sobre cómo operan las plataformas”.

Rodotà puntualizó que el grupo de derechos reconocidos en la declaración “no garantiza la libertad general en Internet, sino que específicamente procura prevenir la dependencia de la gente del exterior” a través, por ejemplo, de la “expropiación del derecho al libre desarrollo de personalidad e identidad de la persona como puede pasar con el amplio y creciente uso de algoritmos y técnicas de probabilidad”.

La importancia de las necesidades vinculadas a la seguridad y al mercado se toman en cuenta, pero según los promotores de la iniciativa, no puede haber un equilibrio en términos de igualdad entre esos intereses y las libertades y los derechos fundamentales.

En particular, las “necesidades de seguridad no deben determinar la creación de una sociedad de vigilancia, de control y de clasificación social”.

Renata Avila, de Guatemala, quien encabeza la campaña la “Web We Want” (la web que queremos, en español), lanzada por la Fundación World Wide Web, expresó su satisfacción con la sección de la declaración dedicada a la neutralidad de la red y el software libre, pero dijo que debió ser más explícita y reconocer con mayor énfasis el “derecho de las personas a comunicarse en privado y el derecho al anonimato”.

El próximo paso para la declaración italiana tiene que ver con su estatus. Por ahora es solamente un documento político sin valor legal, aunque Boldrini dijo que formará parte de una “moción” parlamentaria en los próximos meses.

Como base para un documento legalmente vinculante, tiene mucho en común con la legislación nacional relativa a Internet de Brasil y de Filipinas. Sin embargo, sus impulsores señalaron que la declaración italiana fue creada teniendo en mente un marco internacional.

El fundamento, según dicen, es que las “muchas cuestiones relacionadas al acceso y al uso de Internet van más allá de las fronteras nacionales por su naturaleza misma y, por lo tanto, requieren de un esfuerzo coordinado en el ámbito internacional”.

Según sus promotores, el principal objetivo de la declaración no es ser un mero texto para la creación de una nueva legislación nacional, sino que procura contribuir al debate público sobre los posibles desarrollos legislativos en todos los niveles, “de la legislación nacional a los tratados internacionales”.

Por su parte, Rodotà espera que la Declaración de Derechos en Internet sirva como instrumento para la “consolidación de un debate internacional y de una cultura que destaque la dinámica común en diferentes sistemas legales”.

Editado por Phil Harris / Traducido por Verónica Firme

Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2015/09/italia-se-suma-a-paises-con-carta-de-derechos-en-internet/

Google rechaza derecho al olvido global

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El buscador se niega a cumplir una orden del supervisor de la privacidad en Francia; Google argumenta que ningún país puede controlar a qué contenidos se acceden en otra nación.

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BRUSELAS (Reuters) — Google Inc dijo este jueves que rechazó cumplir una orden del órgano supervisor de la privacidad en Francia, que le pidió suprimir los resultados de búsqueda en todo el mundo cuando sus usuarios invoquen su “derecho al olvido” en Internet, exponiéndose a posibles multas.

La Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL) ordenó en junio a la compañía que retire, cuando así se le pida, los resultados de búsquedas con el nombre de una persona en todos sus sitios web, incluido Google.com.

Este pedido se hizo tras un dictamen de la Corte Europea de Justicia en mayo pasado, que indicó que los residentes europeos pueden pedir a los buscadores de Internet como Google o Bing, de Microsoft, que borren los resultados que aparecen al buscar su nombre cuando están desfasados, son irrelevantes o difamatorios, el denominado derecho al olvido.

Google cumplió con el dictamen y desde entonces ha recibido más de un cuarto de millón de solicitudes de retiro, según su informe de transparencia.

La firma aceptó cerca de 41% de los pedidos.

No obstante, limitó los retiros a sus sitios webs europeos, como Google.de en Alemania o Google.fr en Francia, argumentando que cerca de 95% de las búsquedas hechas desde Europa se hacen a través de sus versiones locales.

En su blog, la compañía estadounidense dijo este jueves que no cree que ningún país deba tener autoridad para controlar a qué contenidos puede acceder alguien en un segundo país.

“Hemos trabajado duro para implementar de forma amplia y considerada el dictamen del derecho a ser olvidado en Europa, y seguiremos haciéndolo”, escribió Peter Fleischer, consejero de privacidad global de Google.

“No obstante, por un asunto de principios, discrepamos respetuosamente con la asunción por parte del CNIL de una autoridad global en esta materia y le pedimos que retire su comunicación formal”, agregó.

El CNIL asegura que la firma puede recibir multas -pequeñas comparadas con la facturación de Google- si no cumple la orden.

Google advirtió que aplicar el derecho a ser olvidado de forma global generaría una “carrera” en la que “Internet sería solo tan libre como el lugar menos libre del mundo”.

Fuente: http://www.cnnexpansion.com/tecnologia/2015/07/30/google-rechaza-derecho-al-olvido-global

España – El derecho al olvido y las publicaciones de organismos públicos.

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By Fran

En las últimas fechas se ha conocido una nueva solicitud a Google relacionada con el derecho al olvido en Internet. La particularidad de esta petición es que los tres enlaces que se querían bloquear habían sido publicados por instituciones oficiales en los boletines oficiales de Zamora y Valladolid.

Derecho al olvido: publicaciones de organismos gubernamentales

Un ciudadano español decidió recurrir a la norma derivada de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en el “caso Costeja” para tratar de suprimir tres enlaces que aparecían en las páginas de resultados de Google asociados a su nombre. Uno de estos enlaces hacía referencia a información sobre su proceso de divorcio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora en 2004 y los otros dos enlaces tenían relación con la citación y absolución de este ciudadano en dos juicios de faltas publicados ambos en el Boletín Oficial de Valladolid en el año2007.

BOE vs derecho al olvido

El afectado por estas publicaciones se dirigió directamente a Google solicitando la supresión de estos enlaces al considerar que suponían un perjuicio para su intimidad pero su solicitud fue denegada por los administradores del motor de búsqueda. Los argumentos esgrimidos para rechazar la solicitud se basan en que son informaciones publicadas por entes gubernamentales. La fuente de publicación de la información es uno de los factores considerados por Google para evaluar una solicitud y en este caso en particular fue rechazada “al considerar que la información ha sido publicada por un órgano o agencia de Gobierno y posee interés público”.

Tras esta negativa, el ciudadano se dirigió a la Agencia Española de Protección de datos solicitando la tutela de sus derechos. La AEPD, siguiendo las directrices marcadas por el GT29 en todas las cuestiones referentes al derecho al olvido en Internet, considera que Google (así como los gestores del resto de motores de búsqueda) es responsable del tratamiento de los datos e informaciones personales de sus páginas de resultados.

Pero Google mantuvo su misma argumentación durante todo el proceso alegando que estos enlaces hacen referencia a “tres edictos que fueron publicados conforme a la normativa aplicable en las sedes digitales [boletines oficiales de Zamora y Valladolid] por lo que considera que existe relevancia pública” y, por tanto, no procedía aplicar esta normativa europea.

Cada solicitud recibida por este buscador es evaluada de manera individual y en el proceso se tienen en cuenta varios factores como son la fuente que publica la información y el posible rol público desempeñado por el solicitante. En este caso concreto, Google considera que al ser organismos oficiales los responsables de la publicación, el carácter de interés público y general de la misma es preponderante sobre la posible injerencia en la intimidad del afectado.

Resolución final del caso

Finalmente, y tras la negativa del motor de búsqueda para retirar los enlaces solicitados de sus páginas de resultados, fueron las propias Diputaciones de Zamora y Valladolid las que accedieron a retirar los enlaces en los que aparecía el nombre del solicitante.

Este caso no es el primero que trasciende sobre una información publicada en un Boletín Oficial. A finales de año, la AEPD publicó una resolución sobre un caso -también rechazado- sobre la publicación de un indulto en el BOE (puedes leer la información aquí). En aquella ocasión, la motivación para desestimar la solicitud fue diferente ya que Google hizo referencia a que se trataba de una información aún vigente.

En cualquier caso, este nuevo ejemplo ilustra la gran complejidad asociada a la aplicación del derecho al olvido.

Fuente: http://www.derechoolvido.es/el-derecho-al-olvido-y-las-publicaciones-de-organismos-publicos/

Rusia relaja su propuesta de derecho al olvido.

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Las críticas a la norma por ser demasiado restrictiva llevan a los legisladores a aprobar un segundo borrador que se acerca más a la ley europea.

A principios de mes se supo que Rusia trabaja en nuevo reglamento sobre elderecho al olvido basado en el modelo aprobado por la UE.

El proyecto de ley ha recibido numerosas críticas por parte de los propios motores de búsqueda, los políticos de la oposición y algunos ciudadanos, que han tachado la norma de demasiado restrictiva, tal y como recoge The Wall Street Journal.

El reglamento permitía que los usuarios denunciaran información perjudicial para su persona sin ni siquiera especificar los enlaces, dando al derecho al olvido un alcance mucho mayor que sus homólogos europeos.

De esta forma, los motores de búsqueda tendrían que encontrar todos los enlaces con referencias a esa información, determinar si son perjudiciales y decidir eliminarlos o no.

No está claro si la presión de las propias compañías de internet o las quejas populares han llevado a los legisladores rusos a relajar los requisitos y proponer una segunda versión del proyecto de ley con varias enmiendas que se asemejan más a la versión de la UE.

El nuevo borrador exige ahora a los usuarios proporcionar enlaces específicos a la información que desean borrar y elimina la responsabilidad de los buscadores de demostrar que la información es inexacta o ilegal.

Fuente: http://www.siliconnews.es/2015/07/01/rusia-relaja-su-propuesta-de-derecho-al-olvido/

España – La Audiencia Nacional confirma que los boletines oficiales pueden retirar sus datos de Google

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La Audiencia Nacional confirma que los boletines oficiales pueden retirar sus datos de Google

11/05/2015
https://i0.wp.com/s03.s3c.es/imag/_v0/222x219/c/2/3/audiencia-nac.JPG

Gran parte de las peticiones de derecho al olvido se refieren a las web de los Boletines Oficiales. Mucha gente que busca sus datos (por ejemplo en Google), se encuentra con que la web de un Boletín Oficial ha publicado sus calificaciones de una oposición, su domicilio, su DNI, una sanción, una sentencia, un indulto, o incluso una citación judicial.

Si bien es cierto que el Boletín se limita a publicar en su web lo que le mandan las distintas administraciones, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha venido considerando que los Boletines realizan un tratamiento de datos y que en ocasiones debe limitarse este tratamiento, para que los datos de las web de los Boletines no se vean desde los buscadores como Google.

Hay Boletines Oficiales que no están de acuerdo con este planteamiento y desde hace años vienen diciendo que sus web no son un fichero y que no realizan un tratamiento de datos.

En el año 2008, la Agencia Española de Protección de Datos, obligó al Boletín Oficial de la Provincia de Valencia a adoptar

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Los nuevos ‘inquisidores’ acechan en la red

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La humillación pública se ha convertido en un deporte de masas gracias a las redes sociales. Un salvaje ciclo de linchamiento y lucro desliza hasta el infierno a víctimas anónimas en cuestión de minutos, pero las consecuencias dejarán marcas para siempre en internet

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El 19 de agosto de 2014, una joven periodista y escritora se decidió a publicar en Twitter sus impresiones sobre el machismo vigente en la sociedad española y empezó a enumerar situaciones de su “día a día” que le parecían sexistas. Arrancó: “He ido a la biblioteca a estudiar como todas las mañanas y el chico de enfrente me ha dicho que si quería tomar un café”. La shitstorm (“tormenta de mierda”, como la denominan los expertos) que provocó es de las más agobiantes que se recuerdan. “Eres demasiado fea para invitarte a café”, “Menos biblioteca y más médicos para tratar tu retraso”, “Tranquila, a ti nadie te va a violar”, “Invitarte a un café no lo sé, pero tirarte cacahuetes seguro”, “¿Cómo se conocieron tus padres? La única hipótesis que barajo es que sean hermanos”… Son solo algunos de los ejemplos menos ofensivos de entre las barbaridades que le dijeron durante los siguientes días: millares de tuits, algunos con imágenes desagradables y de sexo explícito. Ella borró su publicación pasados unos días, pero en su lugar seguiría circulando el pantallazo de sus palabras, para poder mantener la orgía de chascarrillos aunque ella no quisiera permanecer en el ojo de ese huracán.

Cuando la jauría digital se desata, es imposible frenarla y la sentencia te acompaña para siempre Leer el resto de esta entrada »

La privacidad preocupa a los consumidores, pero no tanto

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Un estudio realizado en Estados Unidos, Japón y Europa pone de relieve que la privacidad preocupa a los consumidores, pero sorprende que buena parte de los encuestados proporcionarían sus datos personales a cambio de una compensación económica, y no muy elevada.
privacidad
R. Alonso

Ponemon Institute, a instancias de Trend Micro, ha llevado a cabo un estudio sobre privacidad y seguridad en la vida conectada, que pone de relieve que los consumidores demandan intimidad, pero no suelen cambiar sus hábitos a la hora de intercambiar información, incluso si son víctimas de una brecha de datos.
Sin embargo, lo más sorprendente, por no decir escandaloso, del estudio es que la mayoría de los consumidores que han participado en el estudio, “estarían dispuestos a proporcionar a las empresas información del tipo género, nombre, hábitos de compra e incluso de su estado de salud y registro de contraseñas, si recibieran una compensación a cambio”, subraya Larry Ponemon, presidente y fundador de Ponemon Institute.
Los precios tampoco son muy elevados. Si bien existen diferencias a escala regional en lo que al valor que se atribuye a cada fragmento de información, los participantes en el estudio creen que, de media, un dato vale 19,60 dólares. 

Los precios más caros son para las contraseñas, que las facilitarían por 75,80 dólares. Les siguen los datos sobre salud, por 59,80 dólares; de pago, por 36 dólares; historial de crédito, por 29,20 dólares y los hábitos de compra, por 20,60 dólares.

Más barata todavía es la información sobre género, que valoran en 2,90 dólares; nombre, en 3,90 dólares y número de teléfono, en 5,90 dólares.
En la investigación han participado más de 1.900 personas de Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Rusia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.

Fuente: http://cso.computerworld.es/proteccion-de-datos/la-privacidad-preocupa-a-los-consumidores-pero-no-tanto