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¿Aún hablas de ‘big data’? Estás obsoleto

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Elena ArrietaMadrid@elenaarrieta

Actualizado: 09/02/2016 14:28 horas

Cada poco tiempo surgen en el mundo tecnológico nuevos términos y conceptos. Lo (pen)último en analítica avanzada de datos es el ‘data lake’, que va un paso más allá del ‘big data’.

¿Qué es el big data? En esencia, se trata de aprovechar la inteligencia de analizar y cruzar ingentes cantidades de datos para detectar nuevos patrones de consumo o identificar nuevas oportunidades de negocio.

Por ejemplo, gracias al big data, una cadena de supermercados es capaz de realizar una segmentación de sus clientes en base al histórico de compra en las distintas tiendas, y una empresa de telecomunicaciones puede saber por qué zonas de una ciudad se mueven los turistas, y vender esa información a los responsables turísticos de la ciudad para que busquen cómo atraer turistas a otros barrios.

Hay dos grandes formas de entender el big data: como una evolución del business intelligence -herramientas que extraen inteligencia de la información de una compañía y sobre ésta elaboran algunas predicciones-, o como una disrupción. Alejandro Giménez, director de tecnología de EMC España y profesor de big data de la EOI, forma parte del segundo grupo. “La disrupción está no sólo en la cantidad de datos de la que hablamos, que en algunas ocasiones permite hacer correlaciones antes inimaginables, sino de su procedencia. Son datos desestructurados, que ya no sólo proceden de la propia compañía sino también de blogs, redes sociales y otras fuentes”, comenta.

En este momento, la mayor parte de las grandes compañías está aún en la fase inicial del big data: recopilan la información y la almacenan, pero aún no saben cómo explotarla.

Pese a esta inmadurez, emergen ya nuevos conceptos, que suponen un paso más en la estrategia de analytics de una compañía. Uno de los que pisa con más fuerza es el data lake.

¿Qué es ‘data lake’?

Como su nombre indica, un data lake “viene a ser como un gran lago, donde conviven peces de distintos colores y tamaños. Aplicado a los datos, hablamos de meter toda la información en un único lugar, incluyendo también los datos desestructurados”, pero con un matiz: “Con el business intelligence, recoges la información desestructurada de diversas fuentes, la filtras y ordenas, y finalmente la almacenas. En un data lake, recoges la información y la almacenas, pero no la limpias, no alteras el original”.

¿Qué diferencia hay? “Al hacer ese filtro, escoges de un documento la información que crees que te será relevante en el futuro (el membrete, el remitente, los números…) y eliminas lo demás. Esa base de datos te dará respuestas útiles a las preguntas de siempre, pero puede que no te permita hacer ciertas correlaciones innovadoras. En cambio, si no alteras el original, puedes hacerle las preguntas que quieras”, señala este experto. En este sentido, los profesionales del sector hablan de cambiar el paradigma ETL (extract, transform, load) por ELT (extract, load, transform).

¿Es esto sostenible?

Un data lake, en definitiva, consiste en un gran charco donde una empresa tiene toda su información, en lugar de en silos separados (ojo, eso no significa que todos los datos estén físicamente en un único lugar).

La pregunta del millón es: ¿puede una empresa pagar por el almacenamiento y capacidad de computación que requiere un data lake? “La clave está en emplear servidores básicos, y reservar las máquinas de gama alta para cuestiones críticas como la información transaccional”, propone Giménez. Y hace el siguiente símil: “Si te dedicas a repartir pizzas, ¿no es más efectivo hacerlo con muchas pequeñas motocicletas, que con un gran camión frigorífico?”.


¿Significa esto que la infraestructura tecnológica que requiere el business intelligence ya no vale para nada? “No. El business intelligence no ha muerto, simplemente se le añaden nuevas capacidades”.

Hay empresas que ya tienen su propio data lake. Un buen ejemplo es General Electric. En Europa también hay casos, aunque menos. Un ejemplo reconocido públicamente es el de la aseguradora ANV, que gracias a contar con esta infraestructura de datos descubrió la oportunidad de lanzar ofertas a clientes de otras aseguradoras que hubieran sido descubiertos conduciendo bajo los efectos del alcohol. Las pólizas de esos clientes inmediatamente se multiplican, y ANV aprovechó para ofrecerles un precio más atractivo y rascar así cuota de mercado.

¿Por qué no está el ‘big data’ más extendido?

Si la oportunidad de negocio de hacer big data es tan grande, ¿por qué no todas las empresas

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MODIFICACIÓN DE LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Carolina Gaillard presentó proyecto para quitar del Veraz los datos de quienes saldaron sus deudas

La diputada nacional del FPV por Entre Ríos, Carolina Gaillard, presentó un proyecto para modificar la Ley de Protección de Datos Personales, obligando a los bancos a informar a las bases de datos para que se excluya de las mismas, en el plazo de cinco días, a quienes saldaron sus deudas

veraz

 

 

 

 

Aparecer como deudor en Veraz a pesar de haber cancelado la deuda es una problemática que afecta a muchas personas en la actualidad. En la mayoría de los casos es por deudas mínimas que fueron pagadas, pero que permanecen durante dos años en las bases de datos que utilizan los bancos para aprobar o negar el acceso al crédito, quedando la persona injustamente inhabilitada para realizar operaciones comerciales o contraer préstamos.

“Figurar como moroso en un registro de Veraz inhabilita a cualquier persona para acceder a un crédito para comprar una casa, un terreno, abrir un comercio, una pyme o alquilar una vivienda para uso particular. No puede ser que las mismas entidades crediticias que muestran tanta celeridad para informar a las bases de datos sobre una deuda no tengan la obligatoriedad de informar la cancelación de la misma”, explicó la diputada entrerriana.

El Proyecto de Ley presentado por Gaillard propone la modificación del artículo 26 de la Ley de Protección de Datos Personales. De este modo, cuando el deudor cancele o pague la deuda, sus datos personales deberán eliminarse en el plazo de cinco días de las bases de datos como VerazAxesorNosis o Fidelitas, entre otras.

Tal como lo revela la enorme cantidad de denuncias que se realizan cada año ante Defensa del Consumidor, son muchísimas las personas que figuran como morosos en Veraz a pesar de haber saldado su deuda. Esta situación perjudica a quien está intentando acceder a una nueva tarjeta de crédito, un préstamo personal o hipotecario, o efectuar cualquier operación comercial, impidiendo en muchas ocasiones acceder al producto.

“Jóvenes emprendedores, profesionales, amas de casa, jefas de familia, empresarios, comerciantes, jubilados y trabajadores de todos los rubros y sectores son víctimas de este sistema que deja totalmente desprotegidos a los usuarios y consumidores frente a los bancos y entidades crediticias”, agregó la legisladora. “En estos años hemos avanzado mucho en la ampliación de derechos de la ciudadanía y este proyecto se inscribe en ese sentido: defender al consumidor frente a la posición dominante que tienen las entidades crediticias”, concluyó  la diputada Gaillard.

 

Fuente: http://www.maximaonline.com.ar/2010/Nota-38139

 

 

 

Italia se suma a países con carta de derechos en Internet

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Evolución de los usuarios de Internet en América Latina, país por país, entre 2006 y 2013. Crédito: Cepal

Evolución de los usuarios de Internet en América Latina, país por país, entre 2006 y 2013. Crédito: Cepal

ROMA, 7 sep 2015 (IPS) – Italia finalmente se unió al club restringido de países que eligieron la vía legislativa para regular Internet, o que por lo menos dieron un paso significativo en esa dirección, al adoptar la Declaración de Derechos en Internet.

Ahora se prepara para presentar la declaración en el Internet Governance Forum (Foro para la Gobernanza en Internet), que se realizará en noviembre en João Pessoa, Brasil.

El proceso de redacción demoró más de un año, bastante rápido para los estándares burocráticos habituales de este país y, de hecho, sorprendió a algunos analistas que haya visto la luz pues, según dicen, representa el retraso de Italia en materia de infraestructura digital.

Algunos medios de comunicación progresistas italianos elogiaron la declaración porque consideran que tiene un “significado histórico” dada la visibilidad y el prestigio que le dará a Italia en cuestiones de gobernanza a escala global.

A diferencia de otros países, donde las propuestas de declaraciones o cartas de derechos fueron promovidas principalmente por académicos, asociaciones, coaliciones dinámicas, empresas o diversos actores, los promotores de la declaración italiana remarcaron que el proceso de redacción se caracterizó por una “relación de pares entre instituciones y ciudadanos, por lo que toda la construcción se volvió horizontal”.

De hecho, la declaración es el resultado de un proceso complejo y abierto con múltiples actores, que terminó con la participación directa de la ciudadanía italiana mediante una consulta pública que duró cuatro meses en Internet.

Entre sus impulsores destacan Laura Boldrini, presidenta de la Cámara de Diputados y exportavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), y Stefano Rodotà, jurista y dirigente que desde hace tiempo aboga por una Carta Magna para la sociedad de redes, y quien encabezó el comité de expertos que redactó el documento.

Al explicar su contenido, Rodotá dijo que a diferencia de otras iniciativas similares, la Declaración italiana: “no contiene términos detallados y específicos de los diferentes principios y derechos ya establecidos en documentos internacionales y constituciones nacionales”.

En cambio, pretende “identificar los derechos y los principios específicos del mundo digital subrayando no solo sus peculiaridades, sino la forma en que suelen contribuir a la redefinición de toda la esfera de derechos”.

La declaración cubre un abanico de temas, desde “el derecho fundamental al acceso a Internet” y la neutralidad de la red hasta la noción de “autodeterminación informativa”.

También incluye disposiciones respecto de la seguridad, la integridad y la inviolabilidad de los dominios y sistemas informáticos, el control masivo, el derecho al anonimato y el desarrollo de la identidad digital. También trata con la muy controvertida idea de otorgar a los ciudadanos en línea el “derecho al olvido”.

La declaración pone en entredicho la opacidad de los términos del servicio concebido por los operadores de plataformas digitales, a los que se les “exige comportarse con honestidad y de forma justa” y, por encima de todo, otorgar “información clave y simple sobre cómo operan las plataformas”.

Rodotà puntualizó que el grupo de derechos reconocidos en la declaración “no garantiza la libertad general en Internet, sino que específicamente procura prevenir la dependencia de la gente del exterior” a través, por ejemplo, de la “expropiación del derecho al libre desarrollo de personalidad e identidad de la persona como puede pasar con el amplio y creciente uso de algoritmos y técnicas de probabilidad”.

La importancia de las necesidades vinculadas a la seguridad y al mercado se toman en cuenta, pero según los promotores de la iniciativa, no puede haber un equilibrio en términos de igualdad entre esos intereses y las libertades y los derechos fundamentales.

En particular, las “necesidades de seguridad no deben determinar la creación de una sociedad de vigilancia, de control y de clasificación social”.

Renata Avila, de Guatemala, quien encabeza la campaña la “Web We Want” (la web que queremos, en español), lanzada por la Fundación World Wide Web, expresó su satisfacción con la sección de la declaración dedicada a la neutralidad de la red y el software libre, pero dijo que debió ser más explícita y reconocer con mayor énfasis el “derecho de las personas a comunicarse en privado y el derecho al anonimato”.

El próximo paso para la declaración italiana tiene que ver con su estatus. Por ahora es solamente un documento político sin valor legal, aunque Boldrini dijo que formará parte de una “moción” parlamentaria en los próximos meses.

Como base para un documento legalmente vinculante, tiene mucho en común con la legislación nacional relativa a Internet de Brasil y de Filipinas. Sin embargo, sus impulsores señalaron que la declaración italiana fue creada teniendo en mente un marco internacional.

El fundamento, según dicen, es que las “muchas cuestiones relacionadas al acceso y al uso de Internet van más allá de las fronteras nacionales por su naturaleza misma y, por lo tanto, requieren de un esfuerzo coordinado en el ámbito internacional”.

Según sus promotores, el principal objetivo de la declaración no es ser un mero texto para la creación de una nueva legislación nacional, sino que procura contribuir al debate público sobre los posibles desarrollos legislativos en todos los niveles, “de la legislación nacional a los tratados internacionales”.

Por su parte, Rodotà espera que la Declaración de Derechos en Internet sirva como instrumento para la “consolidación de un debate internacional y de una cultura que destaque la dinámica común en diferentes sistemas legales”.

Editado por Phil Harris / Traducido por Verónica Firme

Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2015/09/italia-se-suma-a-paises-con-carta-de-derechos-en-internet/

Ahora Google borrará los links sobre Google borrando links

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21 Agosto 2015, 18:48

Se ha hablado mucho sobre el derecho al olvido, y han corrido ríos de tinta sobre sus posibles implicaciones, pero hay algunas cosas que seguían siendo una incógnita. Por ejemplo, el primer caso del derecho al olvido quedó grabado para siempre en los anales de la historia, con la denuncia de Mario Costeja. Un hombre que, recordemos, sólo quería ser olvidado por Google. 

El caso es que para solucionarlo, Google ha decidido ampliar un poco más su margen de borrado. Ahora también eliminará los enlaces que hagan relación al borrado de enlaces del derecho al olvido. Puede parecer bastante complicado, así que vamos a poner un ejemplo.

Pongamos que un tipo llamado Sugus G. González fue detenido por orinar en público frente a un asilo de ancianos cuanto tenía 16 años. Dió la casualidad de que la puerta estaba abierta y había una señora frente a él, con lo que su historia se hizo viral y se le conoció mundialmente como “el Meaviejas”. 10 años después, Sugus G. González ha pagado su deuda con la sociedad, y quiere que los artículos que hablaban del “Meaviejas” desaparezcan, así que hace una solicitud oficial a Google que es aprobada.

El caso es que si un medio luego publica la historia “El Meaviejas pide ser borrado de Google”, este enlace también será borrado. Será una pescadilla que se muerde la cola: por primera vez desde que se habló del derecho al olvido, parece una solución real.

Google rechaza derecho al olvido global

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El buscador se niega a cumplir una orden del supervisor de la privacidad en Francia; Google argumenta que ningún país puede controlar a qué contenidos se acceden en otra nación.

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BRUSELAS (Reuters) — Google Inc dijo este jueves que rechazó cumplir una orden del órgano supervisor de la privacidad en Francia, que le pidió suprimir los resultados de búsqueda en todo el mundo cuando sus usuarios invoquen su “derecho al olvido” en Internet, exponiéndose a posibles multas.

La Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL) ordenó en junio a la compañía que retire, cuando así se le pida, los resultados de búsquedas con el nombre de una persona en todos sus sitios web, incluido Google.com.

Este pedido se hizo tras un dictamen de la Corte Europea de Justicia en mayo pasado, que indicó que los residentes europeos pueden pedir a los buscadores de Internet como Google o Bing, de Microsoft, que borren los resultados que aparecen al buscar su nombre cuando están desfasados, son irrelevantes o difamatorios, el denominado derecho al olvido.

Google cumplió con el dictamen y desde entonces ha recibido más de un cuarto de millón de solicitudes de retiro, según su informe de transparencia.

La firma aceptó cerca de 41% de los pedidos.

No obstante, limitó los retiros a sus sitios webs europeos, como Google.de en Alemania o Google.fr en Francia, argumentando que cerca de 95% de las búsquedas hechas desde Europa se hacen a través de sus versiones locales.

En su blog, la compañía estadounidense dijo este jueves que no cree que ningún país deba tener autoridad para controlar a qué contenidos puede acceder alguien en un segundo país.

“Hemos trabajado duro para implementar de forma amplia y considerada el dictamen del derecho a ser olvidado en Europa, y seguiremos haciéndolo”, escribió Peter Fleischer, consejero de privacidad global de Google.

“No obstante, por un asunto de principios, discrepamos respetuosamente con la asunción por parte del CNIL de una autoridad global en esta materia y le pedimos que retire su comunicación formal”, agregó.

El CNIL asegura que la firma puede recibir multas -pequeñas comparadas con la facturación de Google- si no cumple la orden.

Google advirtió que aplicar el derecho a ser olvidado de forma global generaría una “carrera” en la que “Internet sería solo tan libre como el lugar menos libre del mundo”.

Fuente: http://www.cnnexpansion.com/tecnologia/2015/07/30/google-rechaza-derecho-al-olvido-global

Regulación sobre “Drones” (VANT) de ANAC y Disposición de la PDP – Argentina

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drones

La ANAC, Administración Nacional de Aviación Civil, ha establecido mediante Resolución 527/2015 del mes de julio de 2015 el “Reglamento Provisional de los Vehículos Aéreos No Tripulados”.

Lo primero a destacar, como surge del nombre mismo de la Resolución, es su calidad de “provisional”. Todo parece quedar a la espera de criterios que próximamemente se adoptarán a nivel internacional (por la OACI) y, supuestamente, a mejoras en la seguridad de la frecuencia en que estos dispositivos operan. Esa mayor estabilidad y seguridad en el futuro, en principio, debería permitir flexibilizar la normativa.

La persona de a pié, como dirían los españoles, prestará mayor atención a las definiciones particulares que se establecen en el Artículo 1° de la Resolución. Allí se define qué se entiende por uso “recreativo y deportivo” y que dicho uso no requerirá de autorización de ANAC (esto último según en el Art. 5°).

Hasta aquí todo parece tener bastante sentido ya que los drones, en sintonía con lo que ocurre en otros países, han empezado a comercializarse masivamente y se obseva su “invasión” en calles, plazas y eventos de todo tipo. Para algunos el sentido común radica en que sería imposible prohibir estas actividades o someterlas a burocráticas autorizaciones.

El problema, para los amantes de estos dispositivos, y tambíen para la industria, es que en el Art. 1° del Reglamento se establece que no se considera uso recreativo o deportivo el uso de estos vehículos para:

1) la fotografía o filmación no consentida de terceros o de sus bienes o pertenencias;
2) la observación, intromisión o molestia en la vida y actividades de terceros;

3) la realización de actividades semejantes al trabajo aéreo.

Teniendo presente que los drones, en su gran mayoría, cuentan con sensores capaces de recolectar información personal (de esto ya se encargó oportunamente la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (PDP), mediante Disposición 20/2015) no se puede pensar en muchas situaciones en las que el uso no quede alcanzado por esas amplias categorías que ANAC ha establecido.

Ello traerá aparejado consecuencias que hacen inviable el uso de los drones por la persona de a pié: 1- la necesidad de contar con autorización de ANAC; 2- la necesidad de contratar un seguro; 3- contar con un manual de operaciones y un sistema de gestión de riesgos; 4 – tomar medidas adecuadas para la protección contra actos de interferencia ilícita; 5- necesidad de inscribirse en un registro especial (art. 30); 6- llevar una placa de identificación inalterable fijada a su estructura (art. 31), entre otras.

 Ante todo esto pasa a un segundo plano los requisitos que se establecen en el Capitulo III de la Resolución en lo que se define como el “Régimen de los VANT pequeños con fines recreativos o deportivos”. Para los pocos casos que no queden comprendidos en los párrafos anteriores aplicará que quien tripule el dron pueda tener 16 años, bajo supervisión directa de un mayor y que los drones deberán estar a más de 30 metros, en la horizontal, y 10 metros, en la vertical, respecto de terceras personas.

La PDP previamente había establecido una serie de excepciones al necesario consentimiento que la Ley de Protección de Datos Personales establece como principio general en su artículo 5°. Siendo el organismo competente en dicha materia, y de aplicarse los criterios de su Disposición 20/2015, se abriría una puerta para que los “VANT pequeños con fines recreativos o deportivos” no queden como una categoría sin contenido y pueda aplicarse en la práctica el Capítulo III de la Resolución 527/2015 de ANAC.
En todo caso, aún con el visto bueno de la PDP, aquel que por ejemplo quiera filmar la Avenida 9 de Julio deberá esperar a ocasiones muy particulares para lograr que no haya terceras personas a menos de 30 metros o correr con los riesgos de incumplir la Resolución.
0011559057
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La realidad es que los drones, por su inestabilidad en la frecuencia, particularmente en Argentina, ponen en riesgo la seguridad de las personas. Ello es lo que ha primado en la ANAC al momento de regularlo y lo que seguramente necesite de mucho trabajo de concientización para que pueda ser cumplido e incorporado por los amantes de los drones.
Luciano Gandolla
@luchogandolla
Abogado

España – El derecho al olvido y las publicaciones de organismos públicos.

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By Fran

En las últimas fechas se ha conocido una nueva solicitud a Google relacionada con el derecho al olvido en Internet. La particularidad de esta petición es que los tres enlaces que se querían bloquear habían sido publicados por instituciones oficiales en los boletines oficiales de Zamora y Valladolid.

Derecho al olvido: publicaciones de organismos gubernamentales

Un ciudadano español decidió recurrir a la norma derivada de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en el “caso Costeja” para tratar de suprimir tres enlaces que aparecían en las páginas de resultados de Google asociados a su nombre. Uno de estos enlaces hacía referencia a información sobre su proceso de divorcio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora en 2004 y los otros dos enlaces tenían relación con la citación y absolución de este ciudadano en dos juicios de faltas publicados ambos en el Boletín Oficial de Valladolid en el año2007.

BOE vs derecho al olvido

El afectado por estas publicaciones se dirigió directamente a Google solicitando la supresión de estos enlaces al considerar que suponían un perjuicio para su intimidad pero su solicitud fue denegada por los administradores del motor de búsqueda. Los argumentos esgrimidos para rechazar la solicitud se basan en que son informaciones publicadas por entes gubernamentales. La fuente de publicación de la información es uno de los factores considerados por Google para evaluar una solicitud y en este caso en particular fue rechazada “al considerar que la información ha sido publicada por un órgano o agencia de Gobierno y posee interés público”.

Tras esta negativa, el ciudadano se dirigió a la Agencia Española de Protección de datos solicitando la tutela de sus derechos. La AEPD, siguiendo las directrices marcadas por el GT29 en todas las cuestiones referentes al derecho al olvido en Internet, considera que Google (así como los gestores del resto de motores de búsqueda) es responsable del tratamiento de los datos e informaciones personales de sus páginas de resultados.

Pero Google mantuvo su misma argumentación durante todo el proceso alegando que estos enlaces hacen referencia a “tres edictos que fueron publicados conforme a la normativa aplicable en las sedes digitales [boletines oficiales de Zamora y Valladolid] por lo que considera que existe relevancia pública” y, por tanto, no procedía aplicar esta normativa europea.

Cada solicitud recibida por este buscador es evaluada de manera individual y en el proceso se tienen en cuenta varios factores como son la fuente que publica la información y el posible rol público desempeñado por el solicitante. En este caso concreto, Google considera que al ser organismos oficiales los responsables de la publicación, el carácter de interés público y general de la misma es preponderante sobre la posible injerencia en la intimidad del afectado.

Resolución final del caso

Finalmente, y tras la negativa del motor de búsqueda para retirar los enlaces solicitados de sus páginas de resultados, fueron las propias Diputaciones de Zamora y Valladolid las que accedieron a retirar los enlaces en los que aparecía el nombre del solicitante.

Este caso no es el primero que trasciende sobre una información publicada en un Boletín Oficial. A finales de año, la AEPD publicó una resolución sobre un caso -también rechazado- sobre la publicación de un indulto en el BOE (puedes leer la información aquí). En aquella ocasión, la motivación para desestimar la solicitud fue diferente ya que Google hizo referencia a que se trataba de una información aún vigente.

En cualquier caso, este nuevo ejemplo ilustra la gran complejidad asociada a la aplicación del derecho al olvido.

Fuente: http://www.derechoolvido.es/el-derecho-al-olvido-y-las-publicaciones-de-organismos-publicos/